Construcción de una represa en Brasil desplazará a 50.000 personas

El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le ganó un duro pulso judicial a los movimientos sociales y subastó las obras de una represa que será construida en la Amazonía y obligará a desplazar a 50.000 personas.

La subasta fue realizada en medio de una batalla jurídica y de decisiones de tribunales que la paralizaron y volvieron a autorizar hasta tres veces en cuestión de días, y con cientos de manifestantes concentrados ante la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), órgano oficial responsable por la licitación.

El acto llegó a ser suspendido la noche del lunes, pero el fallo fue revocado durante la mañana del martes 20, con lo que de inmediato la Aneel realizó la subasta para prevenir que otra decisión judicial volviera a paralizarla.

La sede de la Aneel en Brasilia, que ya había sido escenario de protestas en días pasados, amaneció con cientos de manifestantes opuestos a la represa de Belo Monte ante sus puertas, a las que se encadenaron cinco activistas del grupo Greenpeace.

Los miembros del grupo ecologista llegaron durante la madrugada y, antes de encadenarse en las puertas del organismo, vaciaron en el lugar un camión lleno de excrementos de caballo.

También colgaron carteles con duras frases, como una que decía "Belo Monte de mierda", y difundieron un comunicado en el que se condena "la herencia maldita" que el Gobierno "dejará para Brasil al insistir en esa obra".

La decisión judicial que permitió la subasta llegó a la Aneel una vez que los activistas se habían liberado de sus cadenas, y el anuncio del resultado provocó ruidosas protestas entre los cientos de personas que aguardaban, entre los que había indios, campesinos y militantes de diversos movimientos sociales.

Las obras fueron adjudicadas a un grupo liderado por la Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf, estatal), la constructora privada Queiroz Galvão e integrado por otras seis empresas.

Ese consorcio presentó la mejor oferta, con un precio de 77,97 reales (unos 44,5 dólares) por megavatio-hora, que fue un 6,02% menor que el techo establecido por la Aneel.

Según los cálculos del Gobierno, la represa tendrá un coste de 10.600 millones de dólares, generará en promedio 4.571 megavatios por hora y alcanzará un tope de 11.233 megavatios en las épocas de máxima crecida del río Xingú, uno de los principales afluentes del Amazonas.

Los grupos que se oponen a su construcción han denunciado que el Gobierno no ha tomado en cuenta el daño medioambiental y humano que tendrán las obras, que obligarán a inundar un área de más de 500 kilómetros de selvas y a desplazar a unos 50.000 indios y campesinos que residen en la zona, en su mayoría dedicados al cultivo de cacao.

Las protestas se habían reforzado la semana pasada, cuando se unieron a ellas el cineasta canadiense James Cameron, y parte del elenco de su taquillero filme "Avatar", que precisamente contiene un fuerte mensaje en favor de la defensa del medio ambiente.

Cameron, junto a Sigourney Weaver y Joel David Moore, dos de los protagonistas de "Avatar", participó incluso en una manifestación realizada ante la sede de la Aneel, donde dijo que difundirá "en el mundo" el "desastre" que provocará Belo Monte.

No obstante, según el Gobierno, en la convocatoria de la subasta se han respetado todas las normas ambientales que existen en el país y se han incluido cláusulas para minimizar el daño y garantizar las debidas indemnizaciones a todos los desplazados.

Una vez en operaciones, la represa de Belo Monte será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, solo detrás de la de Tres Gargantas (China) e Itaipú (Brasil y Paraguay).

La previsión del Gobierno es que la hidroeléctrica, que será construida en el municipio Altamira del estado amazónico de Pará (norte), empiece a operar en una primera fase en 2015, y que esté completamente terminada y funcionando a pleno en 2019.