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Jueves, 7 de abril de 2011
Río de Janeiro, abr (EFE).- , Ecológico Kiswara
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Represa en el Amazonas enfrenta a Brasil con la OEA


La represa inundará un área de 506 kilómetros cuadrados de selva a un costo de 10.600 millones de dólares
El Gobierno de Brasil se enfrentó con la OEA y respondió con palabras ásperas a un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le pide al país suramericano parar las obras de una polémica represa en la Amazonía.

La CIDH solicitó que Brasil detenga de forma "inmediata" las obras de la central de Belo Monte, que comenzaron el mes pasado en el municipio selvático de Altamira, en el estado de Pará, con la oposición de ecologistas, indígenas y campesinos.

El organismo pretende que las autoridades brasileñas extremen las precauciones para preservar a los pueblos indígenas y que, además, vuelvan a consultar a los afectados, según una carta del secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, divulgada hoy en Brasil por organizaciones indigenistas.

Otro de los requisitos exigidos es la elaboración de un plan para prevenir la diseminación de enfermedades como consecuencia de la implantación de la represa y las derivadas del flujo masivo de personas en la región con motivo de las obras.

La CIDH dio un plazo de quince días para que el Gobierno presente pruebas del cumplimiento de las medidas cautelares y que, periódicamente, actualice esas informaciones.

El Gobierno brasileño respondió por medio de un comunicado de la cancillería en el que tachó de "precipitada e injustificable" la orden de la CIDH y sugirió que la OEA carece de competencia para opinar en este asunto.

"El Gobierno brasileño (...) recuerda que el carácter de tales sistemas (en referencia a la OEA y el CIDH) es subsidiario o complementario, razón por la cual su actuación solamente se legitima en la hipótesis de fallo de los recursos de la jurisdicción interna", sentenció la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La abogada Roberta Amanajas, de la Sociedad de Derechos Humanos de Pará, aseguró que si Brasil continúa este proyecto de forma unilateral "violará la legislación internacional".

"En ese caso, el Gobierno brasileño podría ser acusado por los impactos negativos que cause la represa", afirmó Amanajas, citada en un comunicado de la ONG Amazon Watch.

Belo Monte, que será a partir de 2015 la tercera mayor hidroeléctrica del mundo después de la china de Tres Gargantas y la paraguayo-brasileña de Itaipú, será construida a orillas del río Xingú, afluente del Amazonas, por un consorcio público-privado de empresas brasileñas, a un costo de unos 10.600 millones de dólares.

Su inmenso muro de cemento inundará 506 kilómetros cuadrados de selva, lo que tendrá repercusiones en el ecosistema amazónico y obligará a desalojar a unos 50.000 campesinos e indios, según los datos del proyecto.

La hidroeléctrica tendrá una capacidad de generación máxima de 11.233 megavatios, lo que la convierte en una obra "esencial" para el desarrollo del país y para garantizar el suministro de energía, bajo la perspectiva del Gobierno de Dilma Rousseff y de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue uno de sus más férreos defensores.

Lula desempolvó este proyecto, que se arrastra desde 1979 por la oposición de los ecologistas, y lanzó la licitación el año pasado después de conseguir los permisos de los órganos de control del medio ambiente.

La concesión de estos permisos fue puesta en tela de juicio el pasado febrero por un magistrado que ordenó la suspensión cautelar de la licencia, puesto que consideró que hubo precipitación al no cumplirse todas las garantías medioambientales, pero otro juez anuló esta decisión en una instancia superior y permitió la obra.

La justicia también ponía en duda la utilidad de la obra, puesto que Belo Monte solo alcanzará su capacidad máxima en épocas de grandes crecidas del río y el resto del tiempo podría no contar con agua suficiente para abastecer a los vecinos y producir energía al mismo tiempo.

El Gobierno argumenta que aunque la capacidad de generación media sea baja, de 4.571 megavatios, la obra se justifica porque el régimen de lluvias de la Amazonía es complementario con el del sur del país, donde se ubica Itaipú.

Esto permitirá una mayor regularidad en el suministro de energía procedente de fuentes hídricas y evitará la necesidad de recurrir a las centrales térmicas, que son más contaminantes y más caras.

La construcción de Belo Monte también se enmarca en el contexto de la preocupación del Ejecutivo en mantener el porcentaje de electricidad generada en hidroeléctricas en torno al 80 por ciento, lo que le permite a Brasil abastecerse de energía relativamente barata y limpia.


El río Xingú será la principal fuente de abastecimiento

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