Reglamento antirracismo viola la Constitución y Ley de Imprenta

El 28 de septiembre de 2010, el Presidente Evo Morales reconoció como vigente la Ley de Imprenta y negó cualquier intento de su Gobierno de anular esa norma que regula el trabajo de la prensa en Bolivia desde 1925. "Los periodistas deben decidir si es importante mejorar la ley de imprenta", dijo el Primer Mandatario en esa ocasión. Pero en menos de cuatro meses la posición del oficialismo cambió y el miércoles 5, la ministra de Justicia, Nilda Copa anunció la promulgación de una denominada "Ley de Medios" para "reemplazar" a la Ley de Imprenta.

Ayer, las cinco organizaciones más representativas de todos los periodistas, trabajadores de la prensa del país y propietarios de medios de comunicación en Bolivia, le recordaron al Presidente sus palabras de reconocimiento explícito a la vigencia de la Ley de Imprenta y rechazaron el Reglamento de aplicación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, cuyos artículos 16 y 23 atentan contra la libertad de expresión en Bolivia.

"Así como la suma de dos errores no da como resultado un acierto, se puede asegurar que el paso del tiempo ni la aprobación de un reglamento pueden enmendar el defecto anticonstitucional y atentatorio contra la libertad de expresión que acarrean en su seno algunos artículos de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación," dice un comunicado conjunto firmado por las cinco organizaciones de prensa.

ESTADO DE DERECHO

En coincidencia, abogados constitucionalistas y peritos en derechos humanos calificaron a los mencionados artículos como "anti-constitucionales" e ilegales.

El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, dijo que el Gobierno violentó la ley y la Constitución al definir por decreto sanciones contra los periodistas y medios de comunicación.

Wayar recordó que el artículo 116, II, de la Constitución Política del Estado "señala que cualquier sanción debe estar establecida en una ley anterior al hecho punible". Es decir, cualquier sanción no importa si es administrativa o es penal debe ser aprobada en una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cómo voy a aplicar por reglamento la sanción si es infracción económica, si es clausura temporal o clausura definitiva?, preguntó Wayar.

Dijo que al establecer sanciones por decreto reglamentario el Gobierno viola la Constitución y asume atribuciones inconstitucionales. "No solamente es la libertad de expresión, aquí se está violando el principio de legalidad penal, que es absoluto", indicó.

Por su parte el abogado y periodista Santiago Berríos recordó que los artículos 16 y 23 de la ley contra el racismo "tienen como destino final la liquidación de los medios, y obviamente acallar aquellas libertades, particularmente las de acceso a la información, opinar y expresar a través de cualquier medio".

EL COMUNICADO

Por su parte, las organizaciones de prensa argumentaron que "la aprobación y posterior promulgación del Decreto Supremo No. 762, por parte del gobierno del presidente Evo Morales Ayma, que reglamenta la Ley No. 045, de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, no hace otra cosa que legitimar el carácter punitivo de la mencionada ley cuyo objetivo central, como ya lo habíamos afirmado, es el control del trabajo de los periodistas, de los medios de comunicación y constituye un grave atentado a la libertad de expresión".

El texto fue firmado por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb) y la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora).

Según la dirigencia de los periodistas, el Gobierno usa el eufemismo de la "inhabilitación temporal de funcionamiento" de los medios de comunicación para ocultar "su intención política de amordazar a la prensa y penalizar la labor de periodistas.

Recordaron que sigue vigente el artículo 23 de la mencionada ley que establece procesos contra periodistas, sin tomar en cuenta que según la Ley de Imprenta, en plena vigencia según el Presidente Morales, los delitos de prensa se procesan en un Tribunal de Imprenta".