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Jueves, 30 de agosto de 2012
La Paz, 29, LA PATRIA.-, Bolivia - Nacional
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Anteproyecto de ley fue enviado a la Asamblea Legislativa

Los bienes de delincuentes en flagrancia serán revertidos al Estado

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que su despacho remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de "ley de extinción de dominio de bienes a favor del Estado", que busca convertirse en un instrumento jurídico para "instituir la acción de extinción de derecho propietario y de posesión, a favor del Estado, sobre bienes procedentes o utilizados en actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas, sin contraprestación ni compensación para su titular.

Según el artículo 2 de la iniciativa legislativa, se identificarán los bienes procedentes o utilizados en actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas, para luego extinguir el derecho propietario y de posesión de bienes a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación para su titular cuando concurran las causales establecidas en la presente Ley.

También se establecerá el destino de los bienes cuyo derecho propietario o de posesión haya sido extinguido a favor del Estado para el fortalecimiento de políticas sociales establecidas en la presente ley.

"Con este anteproyecto de ley se adopta una medida drástica para castigar esos cuatro tipos de delitos que se constituyen como un cáncer que queremos que sea erradicado", dijo Romero.

"La acción de extinción de derecho propietario y de posesión de bienes a favor del Estado, es un instituto de carácter administrativo, real y contenido patrimonial, que consiste en la pérdida del derecho de propiedad o de posesión de bienes procedentes o utilizados en actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas, sin contraprestación ni compensación para su titular, salvando los derechos de los terceros de buena fe", según el artículo 3 del proyecto normativo.

Esa extinción del derecho de posesión procede contra la poseedora o poseedor en caso de no contarse con derecho propietario cierto.

"La acción de extinción de derecho propietario y de posesión de bienes a favor del Estado es autónoma, especial e independiente de cualquier acción judicial o administrativa que se haya iniciado o por iniciar o en la que tuviera origen, sin necesidad de sentencia penal previa contra el titular del bien", según la norma.

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