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Viernes, 25 de agosto de 2017, Perspectiva Minera
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La minería chica no puede cumplir exigencias que impone la Ley 535

•  Se hace difícil a la pequeña minería cumplir requisitos de adecuación

• Los mineros chicos privados y las cooperativas confrontan problemas

• Plantean fondo de apoyo financiero, pero no hay recursos económicos


La actividad minera chica, supera dificultades pese a la falta de incentivos /Archivo
En realidad se trata de dos sectores activos de la minería nacional, el que está conformado por los empresarios privados que producen en "pequeña" escala y por otro lado parte de las cooperativas mineras, que también se consideran "chicas", por las condiciones limitadas en materia de inversiones y tecnología para el desarrollo de planes de prospección, exploración y explotación.

En muchos casos, especialmente en las cooperativas, se obvian pasos importantes para evitar los gastos que significa el pago a profesionales y las exigencias propias de una operación técnicamente preparada. En el caso de la "pequeña minería", este rubro se cumple bajo ciertas disponibilidades de inversión que no siempre son las más adecuadas en tiempo y espacio, de ahí que el sector minero privado chico replantea a las autoridades de gobierno la creación de un "fondo de emergencia" o la reposición del organismo financiero que hace años funcionaba como el Banco Minero de Bolivia y se sostenía con aportes de los propios mineros privados y algún soporte extraordinario de entidades crediticias.

La minería para rendir eficientemente y alcanzar objetivos de producción y recuperación de inversiones durante un buen tiempo y después fijar utilidades para seguir operando, necesita de fuertes capitales y en ciertos casos un tiempo "indefinido", para garantizar el rendimiento hipotéticamente calculado de la potencialidad de un yacimiento. En el caso de las cooperativas (chicas), el proceso totalmente artesanal, no ofrece mayores garantías que las libradas a la "suerte" del operador, pero igualmente con un obligado gasto de operaciones.

Recientemente y en un pronunciamiento que después de largo silencio emitió la Cámara Nacional de Minería, que agrupa a los pequeños empresarios mineros del país, manifiesta su preocupación por las exigencias que se aplican a este sector en cumplimiento de la Ley 535 de minería y metalurgia, que al carecer de un reglamento deja en desamparo a sectores vulnerables como la minería chica y parte de la cooperativizada que no pueden cumplir las exigencias, por ejemplo, de presentar planes de explotación e inversión, además de contar con licencia ambiental, situaciones que están al margen de la proyección, especialmente del sistema minero de asociaciones cooperativas. En el caso del sector privado chico, las nuevas exigencias no condicen con las dificultades que confronta el sector que también está imposibilitado de cumplir algunas exigencias de la Ley 535 en materia de planes y licencias, que significan gastos y alteración de costos.

DIVERSOS OBSTÁCULOS

El ejecutivo de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), señaló que su sector confronta varios problemas que obstaculizan el proceso de "adecuación a la norma", el principal es de orden económico, por lo que plantearon al Gobierno la posibilidad de lograr un "fondo de ayuda", aunque reconoció las limitaciones que existen en la posibilidad de atender tal solicitud. Una sugerencia sectorial, sería la de establecer condiciones más blandas en el proceso de adecuación, entendiendo que él mismo conlleva gastos y tiempo en el trámite y especialmente en la elaboración de proyectos, programas de exploración y planes de inversión, lo que resulta oneroso, cuando la explotación minera actual está atravesando por muchas restricciones, precisamente por falta de incentivos oficiales.

Entre la minería chica y las cooperativas artesanales, son muy pocas las que cuentan con cierta maquinaria y equipos de explotación. Los mineros privados tuvieron que hacer fuertes inversiones para mecanizar sus labores, mientras que los cooperativistas obtuvieron máquinas y herramientas ofertadas por la Comibol, empresa a la que muchos deben por las condiciones de insolvencia que atraviesan, no es diferente la situación de los mineros privados aunque sus deudas deben ser honradas a entidades bancarias que aplican fuertes intereses.

Algunos aspectos están siendo allanados en diálogo con las autoridades, pero se hizo referencia a la exigencia de la licencia ambiental, un trámite que lamentablemente demora entre tres a cuatro años en el ministerio de Medio Ambiente y Aguas, habiéndose dado casos en que ciertas operaciones mineras fueron cerradas al culminar sus operaciones, sin obtener la licencia ambiental.

PLAZOS PARA ADECUACIÓN

En la segunda semana del mes en curso la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) advirtió que en cumplimiento del Art. 186 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, "el titular de derecho minero que no presente su solicitud de adecuación en el plazo de seis meses, dentro del grupo que le corresponda o que no cumpla con el procedimiento establecido por norma, perderá el derecho a adecuarse y el área se revertirá al domino del Estado".

La AJAM por otra parte señaló que para dar curso a la norma publicó oportunamente en la Gaceta Minera Especial, las listas de áreas y titulares de derechos mineros clasificados en cinco grupos para su adecuación a la Ley 535 de Minería y Metalurgia.

Es necesario complementar el informe con el texto del Art. 187 de la Ley que se refiere a la continuidad de operaciones mineras y señala: "Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE´s), por adecuarse o en proceso de adecuación continuarán sus actividades mineras con todos los efectos de los derechos adquiridos o pre constituidos hasta la conclusión del procedimiento de adecuación".

El proceso está en marcha, correrán seis meses y los titulares de derechos mineros buscarán adecuarse a las normas contenidas en la Ley Minera 535, que dicho sea de paso, se aplica en este tema de la "adecuación de concesiones", sin posibilidades de acudir a un reglamento en casos conflictivos, mientras que la norma en cuestión no funciona por ejemplo, para favorecer a los sectores mineros del país, cuando estos confronten problemas generalmente financieros, en el caso de la minería privada pequeña y algunos casos en el sector mediano, en tanto que tratándose de la minería estatal y la cooperativizada se disponen fondos a través de fideicomisos, que permiten conjurar las situaciones de crisis.

Dadas las actuales circunstancias queda como un pedido de socorro (SOS) el planteamiento de la "minería chica", que sin embargo de los problemas vigentes es un sector que mantiene algunos miles de empleos y sostiene las actividades de varios centros en los que hay necesidad de impulsar programas especialmente de prospección y exploración, a través de un "fondo de apoyo crediticio".



Medios. PM.


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