Informe del Defensor del Pueblo fue remitido al Fiscal General

La Fiscal de distrito Betty Yañiquez dio a conocer que el informe del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, respecto a la violenta intervención policial en San Lorenzo, Yucumo ya fue remitido al fiscal General de la Nación y se espera que se cumpla de acuerdo a lo que manda el Código de Procedimiento Penal.

La fiscal indicó que aún no se definió qué autoridades o personas involucradas en este hecho sean convocadas, mientras tanto no negó ni confirmó que el ex ministro Sacha Llorenti pueda declarar.

"Ya se le ha remitido al Fiscal General, va a ser considerado conforme a Ley, son recomendaciones que en estricto apego al ordenamiento jurídico se va a cumplir, en observancia a lo dispuesto por el artículo 279 del procedimiento penal, se actuará conforme a esta norma", explicó Yañiquez.

El informe de la Defensoría encontró responsabilidad en el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, por la violenta intervención policial contra los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), ocurrida el pasado 25 de septiembre en la localidad de San Lorenzo, Yucumo.

El informe de 122 páginas identifica "responsabilidad por violación de los derechos humanos de parte de la ex autoridad de Gobierno, quien habría decidido que fuerzas policiales intervengan y desarticulen" la columna humana integrada por hombres, mujeres, ancianos y niños, que se dirigían rumbo a La Paz en defensa de su territorio.

Producto de la investigación también se establece responsabilidad por violación de los derechos humanos contra el "ex viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, así como del Director General de Régimen Interior, Boris Villegas", por haber realizado los preparativos para el operativo, cuya orden fue "impartida por el entonces ministro de Gobierno, mediante la coordinación con la Policía Boliviana".

El informe también involucra al Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, General Tito Gandarillas Salazar, quien "dispuso de bienes del Estado, como aeronaves, combustible, además de personal para el traslado de los marchistas detenidos ilegalmente".

Villena recomendó al fiscal General del Estado, Mario Uribe, instalar procesos contra todos los involucrados, identificados en el informe, por violación a los derechos humanos de los marchistas indígenas.

Asimismo, aconsejó al comandante de las Fuerzas Armadas, Armando Pacheco, seguir acciones contra Tito Gandarillas, por hacer uso y abuso de los bienes del Estado.