Indígenas llaman al resto de la sociedad civil colombiana para diseñar la paz

Los integrantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hicieron un llamado al resto de los miembros de la sociedad civil del país para debatir una propuesta de paz conjunta y participar en el proceso que el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abordarán la próxima semana en Oslo.

El portavoz indígena Jesús Sánchez dijo a periodistas, al concluir el VIII Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la ONIC, que la iniciativa de paz aborigen ha de ir de la mano de la de campesinos, afrodescendientes y otras organizaciones sociales."La propuesta en esencia es que tengamos un espacio realmente autónomo como pueblos indígenas y organizaciones sociales para revisar con tranquilidad y responsabilidad cuáles son los temas que tenemos que resolver que tendrá que garantizar la verdadera paz", sostuvo.

Sánchez insistió en que la paz no se consigue con una mera dejación de las armas, sino que hay que buscar respuestas a problemas como la desigualdad y la pobreza, que causaron y alimentan este conflicto armado interno de medio siglo.

Para el portavoz indígena, este escenario le debe permitir a la sociedad civil en pleno debatir "cuál es la paz que nosotros soñamos: una paz verdadera, duradera y participativa resolviendo los problemas sociales que hasta ahora no se han resuelto como tal".

Esta discusión ha de darse en "un escenario alterno a la par que estén hablando en el extranjero de la paz", propuso en referencia a los diálogos que el Gobierno colombiano y las FARC iniciarán el próximo 17 de octubre en Oslo y proseguirá en La Habana.

Los indígenas han reiterado que se han sentido excluidos de este proceso, pese a ser víctimas de los enfrentamientos entre los citados interlocutores en pleno fuego cruzado.

La ONIC afirma que en Colombia hay 102 pueblos indígenas, aunque sólo 87 son reconocidos por el Estado (1.378.884 personas). De ellos, 35 están en peligro de extinción física y cultural, según determinó en 2009 la Corte Constitucional.