Fiscal General ordena procesar a indígenas que rechazan Consulta

El Fiscal General del Estado, Mario Uribe, instruyó ayer iniciar juicios a todos los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que se opongan a la Consulta que realiza el Gobierno en ese parque ecológico para definir la construcción o suspensión de un proyecto carretero.

Mientras tanto, el dirigente de la IX Marcha del Tipnis, Rafael Quispe confirmó que hoy presentará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Lima, Perú, una denuncia contra el Estado por incumplir la Consulta Previa y de Buena Fe.

La OIT es el organismo mundial responsable de la elaboración y supervisión de las normas internacionales del trabajo y tiene una oficina que hace seguimiento al cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169.

Quispe, representante del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), participará como invitado en el encuentro internacional y anticipó que denunciará la persecución política del Gobierno, la "consulta previa amañada", la muerte de un comunario por el conflicto de Mallku Khota, la criminalización y la violación de derechos.

"No se trata de decir que se ha violado los derechos nada más, hay que individualizar, demostrar, para eso estoy llevando documentos, videos de la represión en Chaparina, denunciaré la masacre de mi hija de 11 años", dijo Quispe.

PROCESOS

El fiscal Uribe advirtió por su parte que "algunos ciudadanos no quieren cumplir el mandato legal" en alusión a la sentencia constitucional que determina que el Estado y los pueblos indígenas debe coadyuvar con la concertación condicionada a la Consulta en el Tipnis.

"Mi autoridad ya ha evacuado el instructivo correspondiente al señor fiscal del Distrito del Beni (…), que es específico para que se inicie el proceso penal", advirtió.

Uribe dijo que la sentencia constitucional es vinculante (obligatoria) y tiene esa calidad para todos los bolivianos.

Desde que el Gobierno dio inicio a la Consulta el 29 de julio varios grupos de indígenas han expresado su rechazo. El centro de la resistencia se encuentra en Gundonovia, donde los indígenas han llegado a establecer anillos de rechazo con alambre puado.

Uribe dijo que el bloqueo de hecho se constituye en una acción de connotación penal y de incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

"Por ejemplo el bloqueo, es pues un hecho punible, porque se está obstruyendo la libre circulación, inclusive ya es un tipo penal autónomo en el Código Penal, entonces, de acuerdo a las circunstancias y al hecho, el señor fiscal de Distrito del Beni, que conozca del caso, deberá calificarlo e iniciar el proceso penal", anticipó.

DIRIGENTE

Además del proceso anunciado por Uribe, los indígenas deben enfrentar otro juicio iniciado por la supuesta malversación de dinero de la Prefectura del departamento del Beni.

El expresidente de la Subcentral del Tipnis, Adolfo Moye, incluido en ese proceso informó ayer que se presentó voluntariamente en la Fiscalía del Beni y verificó que no tenía ninguna orden de captura.

"Me presenté para esclarecer este hecho, pero en la Fiscalía no sabían nada y tampoco de la orden de aprehensión. No estaban los fiscales, tampoco la gente sabía nada", dijo Moye.

La Gobernación del Beni denunció a un grupo de dirigentes que supuestamente recibieron más de Bs. 3 millones para la ejecución de proyectos de desarrollo en el Tipnis, cuando el ex gobernador Ernesto Suárez era prefecto.