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Lunes, 22 de marzo de 2010
LA PATRIA, Bolivia - Nacional
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En el denominado "Caso Puerto Seco"

Fiscal ampliará investigación para revisar convenio de Aippyc con la Prefectura

•  Espera que juez fije audiencia para pedir detención del prefecto Alberto Luis Aguilar Calle


Procesos administrativos en el Proyecto "Oruro Puerto Seco" motivaron denuncias que ahora son investigadas por el Ministerio Público. En la foto la apertura de sobres en la fase inicial
La revisión de un contrato suscrito entre la Prefectura del Departamento con la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas (Aippyc) con participación de la Asociación Boliviana de Marinos Mercantes y Afines (Abomma) permitirá establecer si fue legal la contratación del estudio de localización del Puerto Seco de Oruro según el Ministerio Público.

La decisión fue confirmada ayer por el fiscal de Materia Aldo Morales Alconini, quien investiga la comisión de presuntos delitos por autoridades de la Prefectura del Departamento, habiendo solicitado al juez Instructor Cautelar en lo Penal Nº 1, Marco Chambi, disponer la detención preventiva en el penal de San Pedro del prefecto Alberto Luis Aguilar Calle y de la directora Administrativa Financiera Patricia Catherine Jaldín Jallaza, como presuntos autores de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Dijo que ampliará la investigación para establecer responsabilidades por la suscripción de un contrato para el estudio de localización de Puerto Seco Oruro, con un costo de 140.000 bolivianos, de cuyo valor se habría cancelado la suma de 98.000 bolivianos con la otorgación de una factura argentina por parte de la asociación civil Aippyc, como pago del 70% de avance del estudio de localización Puerto Seco Oruro.

Mencionó que la investigación será ampliada al representante de Aippyc en Bolivia Álvaro Omar Landa Durán quien firmó el contrato con el prefecto Alberto Luis Aguilar Calle en noviembre de 2006, con intervención del director jurídico de la Prefectura del Departamento, Fidel Gutiérrez Martínez.

Hay un convenio suscrito con la Aippyc que firma el 1 de septiembre de 2006 junto al prefecto Aguilar el presidente de esa institución Gustavo Asnchutz, pero curiosamente aparece otro contrato con el monto establecido por el costo del estudio de referencia y de acuerdo a los términos de referencia por 140.000 bolivianos donde interviene otro representante, señaló el fiscal Aldo Morales, al hacer conocer detalles de la investigación.

Mencionó que en la revisión prolija de estos documentos se pudo establecer que existe la comisión de los presuntos delitos de falsedad ideológica y material, uso de instrumentos falsificados y además la alteración de la sigla original de Aippyc que correspondería, según su registro legal en la República Argentina a la Asociación para la Integración de Profesionales en Puertos y Costas (A.i.p.p.yc.) y no a la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas (Aippyc) como figura en el convenio, el contrato y una factura otorgada supuestamente por esa institución civil con sede en la ciudad de Buenos Aires.

OTROS DELITOS

Ratificó que existen otros presuntos delitos cometidos por las autoridades de la Prefectura como la suscripción de contratos con carácter retroactivo y otros por la prestación de servicios en el Proyecto a Diseño Final "Estudio Oruro Puerto Seco" sin previa verificación de la certificación presupuestaria.

Este caso es especial porque existe una denuncia oficial del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que exige un tratamiento minucioso de la investigación para establecer en definitiva la culpabilidad de quienes incurrieron en la comisión de varios delitos, explico el fiscal.

La denuncia que motivó el proceso por el presunto delito de Uso Indebido de Influencias y otros fue presentada por el viceministro de Lucha Contra la Corrupción, Hugo Raúl Montero Lara, contra el prefecto Alberto Luis Aguilar, el secretario general de la Prefectura Tomás López Villarte, la directora Administrativa Financiera Patricia Catherine Jaldín Jallaza, el director de Asuntos Jurídicos Fidel Gutiérrez Martínez y el ex encargado del proyecto Oruro Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno Sotomayor.

En la acusación se hace referencia al desembolso de 91.000 bolivianos y la presentación de descargos por sólo 82.977 bolivianos con factura Nº 003380000090 de fecha 12 de octubre de 2006 emitida por la empresa Sukini Design, habiendo firmado el contrato de servicios para la "Estrategia de Comunicación, Logística de Prensa y Protocolo" el prefecto Aguilar recién con posterioridad en noviembre de 2006.

Señala que la factura Nº 000270 de fecha 11 de septiembre de 2006 por la suma de 96.300 bolivianos emitida por la empresa E&R de propiedad de la señora Elizabeth Ivanna Rengel Retamoso, según informe de Fundeempresa de fecha 24 de septiembre de 2009, al igual que Abomma, no se encuentran inscritas en el Registro de Comercio de Bolivia. Para justificar los gastos, según el detalle del fiscal Morales, se adjuntan descargos de hospedaje, pasajes y alimentación a favor de personeros de Abomma.

El Servicio Nacional de Impuestos Nacionales de fecha 21 de septiembre de 2009, certifica que las razones sociales Abomma, Sukini Design, E&R y Grupo Prointec S.A. no están inscritas en el Padrón Nacional de Contribuyentes y no cuentan con el Número de Identificación Tributaria (NIT).

tags: La Patria, Noticias de Bolivia, Periodico, Diario, Newspaper, Fiscal ampliará investigación para revisar convenio de Aippyc con la Prefectura

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