Denuncian sociedad política

En medio de la crisis que altera el curso normal de las actividades mineras del país surgen denuncias que le ponen un nuevo contenido de incertidumbre a la ya caótica situación, la misma que –como lo dijimos en otro comentario– es parte de una pugna entre sectores de trabajadores mineros, los asalariados que defienden sus fuentes de empleo y las reservas mineralógicas de las empresas y los cooperativistas dispuestos a ganar mayor terreno para ubicar a sus asociados que se incrementan paulatinamente.

Una reciente denuncia fue hecha pública por un dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), señalando su molestia al afirmar que "nos dimos cuenta que el Gobierno y los cooperativistas mineros son socios políticos", añadió "nos damos cuenta que el Gobierno está más aliado con el sector cooperativo porque ya está realizando campañas indirectas, son sus socios políticos, los cooperativistas hacen un bloqueo y consiguen lo que quieren", afirmó el denunciante de la Fstmb.

El curso de los hechos muestran que las soluciones que han permitido reiniciar las actividades en Colquiri y posiblemente se definan estrategias para Mallku Khota bajo control policial no están en condiciones de garantizar un armonioso vínculo laboral entre los dos sectores, pues bajo las apariencias de cierto entendimiento de partes hay una guerra que se cumple con los primeros elementos a mano que son justamente las denuncias sobre una serie de hechos que están mostrando a la ciudadanía el verdadero interés de esa motivación política que se contará en función de votos en una próxima contienda electoral, como lo señalan los mineros asalariados.

La dirigencia minera, frente a una realidad de la que toma conciencia no sólo el sector minero sino la ciudadanía en pleno, ha decidido trasladar el tratamiento de este "peliagudo" problema al seno de la COB, argumentando que la clase minera, la más combativa del país, retomará su lugar en el organismo laboral para exigir atención gubernamental al caso minero, pero también al pliego petitorio de los trabajadores del país que todavía no ha sido respondido.

Por lo que se observa los problemas no están solucionados y por la vigencia de algunas medidas inequitativas el reclamo de los mineros asalariados puede ampliarse a otros sectores que están demandando atención gubernamental para solucionar sus propias dificultades.

Finalmente, los mineros asalariados exigen la aprobación de la nueva ley minera, que defina las modalidades y garantías de trabajo que tendrán los tres sectores mineros, el privado, el estatal y las cooperativas, todos reconocidos en la CPE y por lo tanto garantizados en el desempeño de sus labores y en el cumplimiento de iguales responsabilidades.