Comunarios toman e incendian oficinas de San Cristóbal

Unos 600 pobladores de la provincia Nor Lípez (Potosí) y otras 30 comunidades aledañas a la Minera San Cristóbal saquearon y quemaron las oficinas de la mayor empresa minera San Cristóbal, subsidiaria de la japonesa Sumitomo, en protesta por la falta de atención del gobierno a pedidos locales.

El dirigente regional, Freddy Gonzales, dijo que con esta medida exigen la ejecución de varios proyectos a los ejecutivos de la transnacional y otras de competencia del gobierno departamental de Potosí.

"Nuestro bloqueo se está masificando, estamos exigiendo la ejecución del tramo vial hacia el Hito 60, la electrificación de varias comunidades, que la sede de la Empresa Boliviana de Evaporíticos sea Río Grande y queremos formar parte del directorio", dijo González, al señalar algunos de los 12 puntos de su pliego petitorio.

Para Mario Mamani, presidente del comité de Huelga, la empresa minera privada "se está aprovechando de todo el norte potosino y los pobladores no reciben nada de las regalías".

En este sentido, Elizabeth Cayo, concejal del municipio Colcha K, admitió que la única responsable del conflicto es la Prefectura potosina y no así San Cristóbal.

"Sabemos que la minera está cumpliendo con sus responsabilidades tributarias a la Prefectura pero nosotros como Lípez queremos que estos recursos retornen a nuestros terrenos, por eso asumimos esta medida", dijo Cayo.

El bloqueo se inició hace 5 días bajo la exigencia de que debía intervenir el presidente Evo Morales, el gabinete ministerial en pleno y el prefecto de Potosí, Mario Virreyra.

La autoridad prefectural potosina, aseguró que el conflicto tiene responsabilidades compartidas e informó que no asistirá al punto de conflicto porque nadie garantiza su integridad física.

"La electrificación está en marcha, varias poblaciones están con luz, sólo falta una sub estación y estos municipios se comprometieron a financiar una parte. Por otro lado, el tema de telecomunicaciones es potestad del Gobierno y el asunto de agua potable de los municipios, por tanto hay responsabilidades compartidas".