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Martes, 14 de noviembre de 2017
La Paz, 13 (ANF), Bolivia - Nacional
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Cedib advierte ampliación de frontera petrolera con subasta


George Campanini, investigador del Cedib /ANF
El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) a través de su investigador, George Campanini, afirmó que hasta la fecha la superficie comprometida con contratos hidrocarburíferos y las 80 nuevas áreas de exploración que pondrá el Gobierno en subasta en el Foro de Países Exportadores de Gas, amplía la frontera petrolera en el país a casi 29 millones de hectáreas con una proyección estimada de afectación a 1,7 millones de personas.

"La composición de la frontera petrolera en Bolivia el 2006 era la que se heredó del periodo neoliberal de 44 contratos, se devolvieron tres que representan aproximadamente una superficie de 2,6 millones de hectáreas, en la gestión del Gobierno del MAS se entregaron cuatro contratos a partir del acuerdo energético con Venezuela por más de 858 mil hectáreas y otros contratos que entregó el MAS a través de licitaciones como parte de componendas a YPF Argentina, Petrobras, Petroandina SAM", señaló.

Campanini dijo que YPFB Petroandina SAM en algún momento llegó a concentrar los más grandes prospectos petroleros del país en Aguaragüe, Madidi, Lliquimuni. "Se han reducido pero no deja de ser importante y las áreas reservadas a YPFB habilitadas para la subasta que son 80 áreas representan más de 23 millones de hectáreas".

De acuerdo al cuadro elaborado sobre la base de contratos, informes técnicos y decretos supremos, el investigador muestra un total de 141 áreas hidrocarburíferas, entre aquellas que se encuentran en actividad petrolera como aquellas destinadas para la exploración que llegan a ocupar una superficie de 28,7 millones de hectáreas. "En superficie hablamos de un territorio semejante a Ecuador o Italia", dijo.

Áreas en la Amazonía

En su reciente estudio: "Situación del extractivismo en Bolivia" Campanini sostiene que hubo una "desnaturalización" de las Áreas Protegidas (AP) y que con las 80 áreas de exploración se afectará un 37% de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) tituladas, equivalente a más de 8 millones de hectáreas.

Basado en información del último Censo de Población de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2012, dijo que se afectará a aproximadamente 1,7 millones de habitantes. "Hay comunidades con más de 2 mil habitantes y si se colocan con las áreas petroleras, y según datos del último censo representan a 700 mil personas afectadas, incluye la Amazonía, que están dentro de las áreas reservadas, si pongo las demás (áreas en actividad) se incrementa a 1,7 millones de personas", señaló.

"FLEXIBILIZACIÓN PETROLERA"

Como consecuencia de la expansión de la frontera petrolera, el investigador Campanini advirtió que también se "flexibilizaron" las normas ambientales y sociales, que por un lado redujeron los tiempos y las formas de hacer la consulta pública, previa e informada a los pueblos indígenas, originario campesinos, así como de los procedimientos para proporcionar licencias ambientales.

"En diciembre de 2015 sale la ley 767 que crea fondos de incentivos a la exploración petrolera, extrae del Impuesto Directo a los Hidrocarburos un 12% para crear una bolsa que incentive a las petroleras a buscar gas y petróleo. En el fondo lo que hace es crear un desequilibrio en lo que fueron las luchas sociales de octubre del 2003 que establecía un 50% para el Estado", señaló.

También citó el reglamento de la Ley 767 por la que se modifica la zona tradicional y no tradicional de los hidrocarburos, lo cual determina qué campos y qué contratos recibirán más incentivo o menos incentivo.

En cuanto al DS 2992 de noviembre 2016 observó que clasifique dos tipos de la exploración petrolera; la primera, que necesita la consulta, así como el estudio de evaluación de impacto ambiental, y la segunda, que no requiere de consulta ni de ningún estudio.

Campanini dijo que producto de la flexibilización de la norma ambiental y petrolera desde el Estado, se ha cometido vulneración de los derechos de los pueblos indígenas campesinos y originarios, como el caso de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía donde ingresaron petroleras a realizar tareas de magnetotelúrica o el caso del pueblo no contactado reportado por la china BGP y el pueblo Tacanas II en las líneas de sísmica del proyecto Nueva Esperanza.

"La trampa es que cuando haces una magnetotelúrica ya metes a una empresa a un territorio indígena sin consulta, ni siquiera hacen ficha ambiental, porque solo llenan formulario señalando su actividad. Su argumento es que no es ambientalmente grave ni es invasivo, pero tener 300 personas trabajando, camionetas en la zona y helicópteros dando vueltas, claro que violenta a las poblaciones", dijo.

El estudio fue socializado durante el conversatorio Defensores de derechos humanos en contextos de extractivimos realizado en La Paz.

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