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Sábado, 15 de marzo de 2014
Redacción Central, 14 (ANF).- , Bolivia - Nacional
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Amnistía Internacional presentó informe sobre víctimas de dictadura


AI observa que no se atienda la demanda de asociados a la Asofamd
La organización Amnistía Internacional (AI) presentó este viernes un informe titulado: "No me borren de la historia. Verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964-1982)" en el que se detalla que el Estado boliviano no ha enjuiciado a los responsables de las violaciones de derechos humanos en épocas de dictadura ni repara los daños a las víctimas.

La publicación de este movimiento global, presente en más de 150 países, atribuye este panorama a la "falta de voluntad política" del Estado boliviano para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos durante los regímenes militares y autoritarios.

"Bolivia no puede pasar esta página negra de su historia sin leerla del todo. Las autoridades bolivianas han hecho hasta ahora una lectura selectiva al no enjuiciar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y reparar cabalmente a las víctimas. Si no rectifican, estarán condenando a cientos de víctimas al olvido", dijo María José Eva Parada, investigadora de Amnistía Internacional.

Al cumplirse 10 años de la promulgación de la Ley 2640 que buscaba otorgar reparación a las víctimas y familiares de las violaciones a derechos humanos cometidas durante los regímenes militares, Amnistía Internacional sostiene que las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas para conocer la verdad acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras han sido "insuficientes".

Según datos de Amnistía Internacional y organizaciones de víctimas, más de 150 personas habrían sido víctimas de desaparición forzada y al menos 200 de ejecuciones extrajudiciales. Cerca de 5.000 sufrieron detención arbitraria y miles se vieron forzadas a partir al exilio.

"Lamentablemente, aunque ha habido algunos avances en la lucha contra la impunidad, fuera de unos pocos casos emblemáticos, la mayoría de los responsables de los abusos de aquella época no han comparecido ante la justicia", indicó Eva Parada.

La Ley 2640 de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en Períodos de Gobiernos Inconstitucionales, aprobada en el Gobierno de Carlos D. Mesa, estableció mecanismos para reconocer a las víctimas y otorgarles honores, atención médica y compensación. Sin embargo, Amnistía Internacional asegura que su puesta en práctica no ha garantizado una reparación justa.

"De las 6.000 peticiones que fueron entregadas, menos de un tercio fueron exitosas. Los estrictos requisitos impuestos por la ley y sus reglamentaciones, la rigidez de los plazos y la falta de información sobre el proceso, han sido un obstáculo para que muchas víctimas y sus familiares hubieran podido calificar o presentar sus antecedentes", señala la organización internacional.

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