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Martes, 17 de noviembre de 2009
LA PATRIA, Bolivia - Nacional
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Defensor del Pueblo cuestiona la castración como pena para violadores

La representante del Defensor del Pueblo en Oruro, Clotilde Calancha, cuestionó la castración como pena para violadores, por ser un castigo o medida que viola los derechos humanos, atentando contra la dignidad de las personas.

Calancha dijo que en el marco del proyecto de ley que endurece las sanciones para los violadores de niños, niñas y adolescentes se propone la castración química y quirúrgica y recomendó que se busquen otros mecanismos para que el autor de tales hechos sea castigado y sancionado.

Afirmó que primeramente se debe respetar la dignidad humana, así reflexionar y evitar llegar a aprobar un proyecto de ley que tenga tales alcances como es la castración, para sancionar a los violadores.

Argumentó que algunos de esos mecanismos para que se castigue a los violadores de niños, niñas y adolescentes sean talvez endurecer la duración del castigo, y otras formas de sanciones tomando en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos, y otros.

Afirmó que son los legisladores quienes tendrían que buscar otros mecanismos para castigar a los violadores, sin tener que atentar contra sus derechos humanos y su dignidad como persona.

En cuanto a la pena de muerte, Calancha manifestó que este castigo está prohibido, porque nadie puede atentar contra la vida de una persona, por eso es que se buscó otras formas de hacer pagar un delito, como la pena de 30 años y sin lugar a indulto.

La representante del Defensor del Pueblo, señaló que la castración también es una forma de quitar la vida a un ser humano, es anularlo como persona y como ciudadano.

PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley, que fue presentado a la Cámara de Diputados, por el parlamentario de Unidad Nacional (UN) Guillermo Mendoza, endurece las sanciones para los violadores de niños, niñas y adolescentes, y permite la castración química y quirúrgica.

El proyecto también contempla una serie de restricciones y sanciones para las personas condenadas por delitos sexuales, como la prohibición de trabajar en instituciones educativas, oficiar de director técnico en equipos deportivos o trabajar en orfanatos y hogares de menores.

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