Gobierno no debe eludir responsabilidad en incremento de tarifas del transporte

El Gobierno Central no puede eludir su responsabilidad en el incremento de las tarifas del transporte y peor aún, en la solución del conflicto, ocasionado por la gestión económica instaurada en el país, puntualizó el asambleísta departamental por Unidad Nacional (UN), Eduardo Campos Velasco.

Después del "gasolinazo" y su apresurado retiro, se ha instalado en la economía boliviana una tendencia alcista que provoca varios efectos, como las tarifas del transporte.

Ante esa situación, lo que hace el Gobierno Central es desentenderse del tema, tal como se puede evidenciar por las declaraciones de varios de los ministros del gabinete del presidente Morales y el comunicado publicado en fecha 15 de febrero de 2011 por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT)", sostuvo Campos.

Aclaró que según el criterio del Gobierno, la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Marco de Autonomías, la regulación de transporte deja de ser una competencia del nivel central, pasando esa responsabilidad a los Gobiernos departamentales y municipales.

"Evidentemente, la CPE señala que son atribuciones del nivel departamental y municipal la regulación del transporte, lo señalan concretamente los artículos: 300, numeral 9, en el caso de las competencias departamentales y 302, numeral 18, en el caso de los Gobiernos municipales. De igual manera, la Ley Marco de Autonomías, en su artículo 96, determina que es competencia de los Gobiernos departamentales y municipales, aprobar políticas de transporte e infraestructura, así como regular el servicio y las tarifas", explicó.

"Sin embargo, aún no se cuenta con esa disposición, situación que obliga al Gobierno Central, en el marco de lo estipulado por la propia CPE, concretamente los artículos 316 y 218, que establecen la función del Estado en las políticas económicas y los parámetros técnicos que permitan regular las tarifas del transporte por los Gobiernos departamental y municipal", indicó el asambleísta.

Eduardo Campos, manifestó que ésa es la manera en la que debe aplicarse el marco legal vigente y sólo así, se podrá resolver la crisis que está provocando enfrentamientos e inseguridad a los ciudadanos, mientras el Gobierno Central pretende soslayar su responsabilidad.

No serán las negociaciones directas entre vecinos y transportistas las que puedan resolver el costo de los pasajes, a las que irresponsablemente pretende empujar el Gobierno, dijo.

"En todo caso, si los parámetros técnicos que es una obligación presentarlos por la ATT, establecen la pertinencia de un incremento en el costo de los pasajes, este costo debe ser absorbido en el incremento en los salarios de los bolivianos. De manera general, estamos hablando de un 10 a 15% del salario mínimo nacional, es decir de entre 100 y 150 bolivianos. Monto o porcentaje que no puede confundirse con la inevitable necesidad de incrementar los salarios por encima de la inflación de la anterior gestión", analizó.

Finalizó mencionando que el Gobierno antes que eludir su responsabilidad en el incremento de las tarifas del transporte y en la solución del conflicto, debe reconocer que ésa y otras son las facturas del "gasolinazo" y la mala gestión económica.