Ex Defensor del Pueblo condena propósito de "pinchar teléfonos"

Un proyecto de Ley planteado por el Ministerio de Gobierno, para obtener autorización legislativa destinada a "pinchar teléfonos" privados, y desarrollar investigaciones criminales en temas de narcotráfico, ha sido rechazado en forma terminante por el ex Defensor del Pueblo y ex Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Waldo Albarracín, quien dijo que el gobierno debe tomar en cuenta, primero, el mandato que establece la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales sobre la materia.

"Para estos hechos, primero se debe tomar en cuenta que las normas constitucionales son de carácter prioritario y no puede vulnerarse con normas inferiores", precisó al hacer referencia al Art. 410 de la Constitución. "Las leyes están después, se encuentran en el tercer lugar y, más abajo, se encuentran los decretos".

Albarracín, en una declaración a los periodistas, dijo que de esa manera, "una norma inferior no puede vulnerar la norma superior, en este caso, la Constitución Política del Estado".

En su extensa explicación, el abogado Albarracín insistió que el "derecho a la privacidad constituye parte de los derechos humanos vigentes en Bolivia", de acuerdo con los Tratados Internacionales plenamente reconocidos por Bolivia. En la prelación de las leyes, primero se encuentra la Constitución, segundo, los Tratados Internacionales y, tercero, las leyes nacionales, seguida por los Decretos Supremos.

"La aprobación de una ley que autorice pinchar teléfonos significa incursionar en la privacidad de las personas, con el argumento de investigar delitos", dijo al observar la actitud del gobierno que, en ese sentido, estaría violando el derecho de las personas a su privacidad y, por lo tanto, se estaría violando la Constitución Política del Estado.

¿Cuál es el riesgo?, se preguntó para responder que "en este ajetreo político donde el gobierno encuentra enemigos en cualquier lado, cualquier persona puede estar sujeta a riesgo de ser acusada por delitos de narcotráfico".

Explicó que si bien el MAS tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa y puede aprobar lo que diga el presidente, porque se trata de un "parlamento ventrílocuo" que no piensa por sí mismo, "es importante que los parlamentarios tomen en cuenta la opinión ciudadana para aplicar cualquier ley propuesta por el Poder Ejecutivo".

La propuesta que se está planteando por parte del ministro de gobierno, reiteró que "más allá del aval del órgano ejecutivo, para que tenga la legitimidad necesaria, se debe consultar la opinión ciudadana".

Dijo, finalmente, que no está de acuerdo con que "bajo el argumento de una investigación sobre narcotráfico, a cualquier persona se le tenga que pinchar el teléfono, violando principios constitucionales e instrumentos internacionales vigentes".