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Martes, 29 de septiembre de 2009
LA PATRIA, Bolivia - Nacional
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Abogado advierte que en la Prefectura existen contratos lesivos al Estado

•  Pagará 776.670 bolivianos por un trabajo que se desconoce si servirá o no


Abogado Iver Pereira, analizó convocatoria a consultorías en la Prefectura
El prefecto Alberto Luis Aguilar Calle junto a sus colaboradores, prepara un gran daño económico y contratos lesivos contra el Estado, al emitir la convocatoria pública ANPE-C-39/2009 con el objetivo de realizar la consultoría integral al fortalecimiento institucional de la Prefectura de Oruro y se pagará 776.670 bolivianos, según el abogado constitucionalista, Iver Pereira.

Advirtió que la convocatoria, contiene tres componentes, como que las consultoras deberán elaborar el Régimen Autonómico de Oruro y dentro los objetivos específicos, se debe realizar una evaluación de la situación actual del departamento de Oruro en relación a las Autonomías, revisar la Ley marco de Autonomías, elaborar una propuesta de autonomías departamental, regional, municipal e indígena para el departamento de Oruro y elaborar una propuesta de Estatutos Autonómicos para el departamento de Oruro.

Además, dijo Pereira, se debe consensuar en el departamento un mapa conceptual de la propuesta de autonomías departamentales e indígenas en sus aspectos institucionales, financieros y de desarrollo; presentar una propuesta de ruta critica que deberá seguir el diseño e implantación de un departamento autonómico, socializar la propuesta construida de abajo hacia arriba y presentarla para su consideración al gobierno.

Pereira acotó que todos estos componentes que exige la convocatoria, son un atentado a la Constitución Política del Estado (CPE), porque los trabajos de consultoría en base a normas inexistentes, violan la Autonomía Municipal y atenta al principio de voluntariedad reconocidos por la Constitución Política del Estado.

Por los antecedentes preguntó:¿Cómo se puede hacer un trabajo sobre la Ley marco de Autonomías, si en el país esa norma jurídica es inexistente? motivo por el que el prefecto tiene la obligación de hacer conocer a la población en general cuándo fue promulgada y sí fue aprobada por 2/3 de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional como manda el artículo 271.II de la CPE.

"La consultora elaborará los Estatutos Autonómicos para el Departamento, la Región, los Municipios y los Indígenas, lo que viola las cualidades de las instancias legislativas de esta nueva forma de Estado, en Oruro y Bolivia, sólo existió un proceso de Referéndum Autonómico, al que los orureños dijeron no, por ésta razón no existe a partir del principio de voluntariedad la conformación de una sola región, los únicos territorios autónomos son los municipales, pues estos deben elaborar las cartas orgánicas municipales, en el marco de su autonomía", manifestó,

Refirió que Oruro, antes de elaborar su Proyecto de Estatuto Autonómico, debe revertir su situación para acceder a las Autonomías y de eso dependerá el 6 de diciembre de 2009, puesto que una vez que seamos autónomos podremos considerar tener un gobierno departamental que recién debe hacer cumplir el artículo 300 de la CPE, para iniciar con la preparación de los estatutos autonómicos.

"De ahí que la convocatoria a consultorías de este nivel, resultan ser un buen negocio para el prefecto y su equipo que le asesora y un atentado a la CPE y del principio de voluntariedad, porque con ello se arroga la representación de los Municipios, de los territorios indígenas, originarios y campesinos, puesto que la tarea de preparar los Estatutos Autonómicos son facultades exclusivas de cada uno de las jurisdicciones donde este funcionara", explicó.

El trabajo de consultoría para elaborar estatutos autonómicos viola el artículo. 271.I de la C.P.E. porque se desconoce la decisión que asumirán los orureños el 6 de diciembre, puesto que de salir negativo, el trabajo de consultoría no servirá para nada como muchos proyectos que hay y que son inaplicables.

A partir de estas atribuciones, los 776.670 bolivianos que es el valor del precio referencial para adjudicarse la consultoría, "¿no significará un nuevo delito de daño económico al Estado y la posibilidad de existencia de contratos lesivos?", preguntó.

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