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Brasilia, 12 (EFE).-, Mundo - Internacional
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Sospechas contra Temer se acumulan y el Supremo abre nueva investigación


Temer afronta un nuevo proceso de investigación
Las sospechas que pesan contra el presidente de Brasil, Michel Temer, aumentaron hoy (ayer) con la decisión del Supremo de abrir una nueva investigación por causa de un decreto que habría favorecido los negocios portuarios de una firma privada.

Este nuevo problema jurídico de Temer conlleva una preocupación mayor para el Gobierno, pues la Constitución brasileña dice que un mandatario en pleno ejercicio del cargo solo puede ser llevado a un juicio penal con el aval de la Cámara baja y si el delito fuera cometido desde el poder, lo que según la Fiscalía sería el caso.

La investigación fue solicitada por el fiscal general, Rodrigo Janot, quien completará su período en ese cargo el próximo domingo pero que en los últimos días de su gestión ha lanzado una dura ofensiva jurídica contra el gobernante y su entorno.

El pedido recibió luz verde del magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros de la Corte Suprema, y se refiere a un decreto firmado por Temer en mayo pasado, que alteró artículos de las leyes que rigen la actividad portuaria.

Según la Fiscalía, esos cambios fueron negociados con la empresa Rodrimar, la supuesta beneficiada, por Rodrigo Rocha Loures, un antiguo asesor de Temer en prisión bajo cargos de corrupción en el marco de tramas que salpican al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio gobernante.

Esas sospechas se apoyan en escuchas legales al teléfono de Rocha Loures, quien fue grabado conversando sobre el asunto con directivos de Rodrimar y con el propio Temer.

De acuerdo a la Fiscalía, en esas conversaciones los ejecutivos de Rodrimar presentaron "diversas demandas", que "al menos en parte fueron contempladas" en el decreto firmado por el gobernante.

La autorización de Barroso para esta nueva investigación sigue a sospechas vertidas este mismo lunes por la Policía Federal contra Temer y la cúpula del PMDB en la Cámara de Diputados, de quienes dijo que existen serios "indicios" de que se valían de su poder para favorecer a empresarios a cambio de sobornos.

También se suma a otras investigaciones abiertas contra Temer por la Fiscalía, pero por acusaciones de los dueños del grupo JBS cuya validez legal ha sido puesta en duda, lo que pudiera anular sus testimonios, en los que dijeron sobornar al mandatario desde 2010. Esas declaraciones sirvieron de base a la Fiscalía para presentar una primera denuncia formal por corrupción pasiva contra Temer, pero que fue archivada hace dos meses por la Cámara baja, que por imperativos constitucionales debe avalar una acusación penal contra un presidente en ejercicio del poder.

Frente a las nuevas sospechas, Temer reaccionó hoy (ayer) mediante una nota oficial de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en la cual se alertó de que las acusaciones "sin pruebas" suponen un riesgo para Estado de Derecho.

"El Estado Democrático de Derecho existe para preservar la integridad del ciudadano, cohibir la barbarie del castigo sin pruebas y evitar toda forma de injusticia", pero "en las últimas semanas Brasil ha visto exactamente lo contrario", indicó la nota.

El comunicado apunta que "se cambia el pasado" de las personas "con falsos testimonios" de unos "bandidos que construyen versiones" y "destrozan reputaciones en conversaciones embebidas de acciones clandestinas".

También sostiene que "todo desvío debe ser condenado", pero que "no se pueden criminalizar las acciones correctas que son protegidas por las garantías constitucionales", como la recepción de donaciones para campañas electorales por parte de un partido, que de acuerdo a la Fiscalía servían de fachada para el pago de sobornos.

En el fallo que autorizó la nueva investigación, Barroso dijo que "a nadie le puede ser indiferente el peso personal o político de que una figura pública, aún más el Presidente de la República, figure como investigado en un procedimiento de esa naturaleza".

Sin embargo, el magistrado consideró que ese "es el precio del principio republicano de la Constitución brasileña, al establecer la igualdad de todos ante la ley y exigir transparencia en la actuación de los agentes públicos".

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